Dudas, muchas dudas

25 de mayo de 2010

Muchas dudas e incertidumbre genera una primera reflexión sobre el anuncio del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, de que se propondrán al Parlamento nuevos cambios en la normativa tributaria y en lo referente al secreto profesional de los bancos.

Se ha anunciado que el gobierno pretende gravar las rentas y el patrimonio que generan o mantienen los uruguayos en el exterior. Sería uno de los cambios impositivos más drásticos de la historia. Como muchos países no desarrollados, Uruguay se afilió siempre al llamado criterio de la territorialidad o de la fuente. En función de este criterio, las cargas impositivas recaen sobre los ingresos percibidos dentro del territorio uruguayo o sobre los bienes ubicados dentro de los límites del país, con prescindencia de si el beneficiario de los ingresos o el titular de los bienes eran uruguayos o residían en el país.

Ahora se iría a otro criterio, que no se sabe a ciencia cierta cuál será. Podría ser el criterio de la nacionalidad o el de la residencia. El criterio de la nacionalidad es el aplicado por Estados Unidos, que grava los ingresos de los estadounidenses, se encuentren donde se encuentren. Un tercer criterio es el de la residencia: se gravan los ingresos o los bienes de quienes residen en el país, con independencia de dónde se generaron dichos ingresos o de dónde estén ubicados los bienes. A este criterio se lo conoce como el de "renta mundial".

La territorialidad es el más justo de todos los criterios. Un Estado tiene el derecho a gravar todos los enriquecimientos que ocurran en su territorio, siendo este derecho una consecuencia lógica del principio de soberanía. Es también el criterio que se presta a menos controversias y el que tiene menos posibilidades de ser perforado o evadido.

Se dice que Uruguay debe cambiar de criterio para salir de las "listas negras". Uruguay se estaría ajustando a prácticas que le permitirían despejar toda duda respecto a la calidad de su administración tributaria, el funcionamiento de su sistema tributario y la voluntad de cooperación internacional. Uruguay no estuvo en la lista negra de la Ocde por aplicar el principio de la territorialidad. Lo estuvo por no tener tratados de intercambio de información tributaria con países desarrollados. Y a eso apuntó la firma de varios tratados y apunta la ampliación de las causales de levantamiento del secreto bancario.

A los países desarrollados, particularmente a Estados Unidos, les interesa que sus nacionales paguen impuestos. Es cierto que prefieren que los paguen en Estados Unidos, pero lo que realmente combaten son los paraísos fiscales, territorios donde la tributación es nula o muy baja. No es el caso de Uruguay. La Ocde no considera que Uruguay sea un paraíso fiscal y fue sacado de la lista negra cuando anunció su intención de realizar acuerdos tributarios.

Los fundamentos esgrimidos no resultan convincentes. La razón tampoco puede ser la recaudación prevista. Si no hubiera evasión, la recaudación conjunta de Irpf y Patrimonio sería de no más de U$S 190 millones anuales, un magro 2,8% de la recaudación total neta de la DGI. Algún otro fundamento tiene que tener esta propuesta.

Habrá que esperar al proyecto concreto para ver cómo quedan resueltos los diferentes inconvenientes que presenta el nuevo criterio y cuáles serán las tasas. ¿Cómo se resolverá el tema de la doble tributación? En Estados Unidos, por ejemplo, los dividendos de las acciones comunes y de algunas preferidas están gravados, independientemente de dónde resida el titular. ¿Dejará de existir el impuesto a la renta de los no residentes? ¿Cómo se fiscalizarán los nuevos tributos?

Sería deseable que la inquisidora DGI no iniciase una caza de brujas en la que se señale con el dedo a quienes honestamente hicieron alguna fortuna y la tienen parcialmente a resguardo en el extranjero. Y es de esperar que la potestad de Policía tributaria no se traspase a los intermediarios financieros, que bastantes cargas tienen ya.

Un capítulo aparte merece el Impuesto al Patrimonio, impuesto distorsionante si los hay. La ley de reforma del sistema tributario de 2006 estableció la reducción paulatina de este impuesto. Es hora de que se derogue definitivamente o al menos que se acelere su muerte.