Talenteo inseguro

16 de febrero de 2009

“Me tienen podrido con el tema de la seguridad, parece que no pasaron por San Pablo, Rio de Janeiro, Buenos Aires o Caracas, Uruguay es el país con más seguridad de América Latina”, declaró el senador José Mujica el sábado 7 de febrero en un acto en Rocha.

A la semana siguiente, el senador Danilo Astori discrepó con Mujica. En una entrevista en radio Sarandí, Astori declaró que “tenemos un problema importante” y se mostró partidario de conformar un gabinete de seguridad integrado por los ministerios del Interior, Economía y Desarrollo Social para encontrar soluciones a esta problemática.

A su vez, el jueves 11 la ministra Daisy Tourné, en una carta al diario La República, culpó a los medios de comunicación de “inventar” las diferencias que mostraron Mujica y Astori en torno a cómo encarar el problema de la seguridad pública. Tourné dijo que las notas periodísticas hacen “interpretaciones forzadas” sobre la seguridad y defendió la gestión de este gobierno diciendo que “tuvo el coraje de agarrar las riendas de un tema muy delicado” y que se asumió la “responsabilidad” en el mismo, tema al que dijo que las anteriores administraciones no habían considerado.

La minimización del tema de la inseguridad por parte de integrantes del gobierno es, cuando menos curiosa. No es secreto para nadie, más allá de que las estadísticas de delitos a veces no resulten concluyentes, que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos años. Está claro, también, que ha habido errores de diagnóstico y de gestión, tanto en este gobierno como en anteriores.

La seguridad interna es un derecho básico de los ciudadanos y un deber esencial del Estado. Cuando el fenómeno delictivo se agrava y el Estado está ausente pasan cosas como las que están sucediendo en Venezuela. Allí, en 2008, se registraron 15 linchamientos a manos de comunidades que han decidido castigar a los criminales por su cuenta.

Los vecinos de la calle Matanza en el barrio Ezequiel Zamora, parroquia El Valle, en el suroeste de Caracas, llenaron las paredes de sus casas con copias de la cédula de identidad de uno de los presuntos violadores de cinco mujeres de la zona. Los presuntos eran dos. El primero cayó el miércoles 4 y ese mismo día fue linchado y quemado por la “justicia popular”. Una mujer reconoció al agresor y dio el grito de alerta. Una turba lo golpeó y apedreó hasta matarlo y luego prendió fuego al cadáver, que fue arrastrado hasta la avenida principal del barrio con ayuda de una motocicleta.

Curiosamente, en noviembre del año pasado, el senador Eleuterio Fernández Huidobro, a raíz de una secuencia de casos de “legítima defensa”, instó a la población a estar armada para defenderse de un “nuevo tipo de delincuencia” que no respeta los códigos. Casi simultáneamente, Mujica propuso mecanismos legales coercitivos para internar a los menores adictos. “Si un muchacho se pichicatea no puedo hacer nada salvo que la familia decida tratarlo. Yo creo que hay que cambiar el derecho, agarrarlo del forro y meterlo en una colonia (para) sacarle el vicio a prepo”, dijo Mujica.

El problema es grave y el talenteo también. Hay mucha literatura sobre los remedios efectivos para bajar la criminalidad. No es necesaria tanta improvisación. Uno de los trabajos al respecto es el del economista norteamericano Steven Levitt. Levitt estudió las causas de la baja de la criminalidad en Estados Unidos durante la década de los años 90. Entre otros, influyeron el endurecimiento de las penas, la mayor cantidad de policías ejecutivos y la drástica baja en el consumo de crack.

Por el contrario, no influyeron la mejora económica, las estrategias policiales innovadores (tipo “tolerancia cero”), la imposición de la pena de muerte, el incremento del promedio de edad de la población ni la reducción de la tenencia de armas.

Es necesario aplicar las políticas que ya se sabe que dan resultados efectivos a corto plazo. No parece sensato esperar a que la mejora de la economía surta su efecto. Se está apenas a un paso de lo que sucede en Venezuela. Urge salir del ensayo y error en que el país está inmerso desde hace años.