Salvar a todos

1 de diciembre de 2008

El Casmu se encamina a ser un caso más de los que la población en su conjunto termina asumiendo los costos de una mala gestión de una empresa privada. Según ha trascendido, el gobierno se encamina a aceptar la idea del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) de crear, por ley, un fideicomiso para “sanear” a las instituciones de asistencia médica endeudadas.

Más allá de que no se han dado detalles de esta estructura financiera, el hecho de que se esté pensando hacerlo por ley implica que, o bien se crearán impuestos (como en el caso de los fondos de la leche o del arroz), o bien se involucrará al Estado de alguna forma en la solución. Se ha dicho que “Rentas Generales será la garantía para el salvataje de Casmu”. Habrá que ver qué implicará esa garantía y cuánto le costará a los contribuyentes.

El asunto merece varias reflexiones. Primero, lo del principio, se está salvando nuevamente a una empresa privada mal gestionada. No hay que perder de vista que, más allá de su forma jurídica y de su fin social, el Casmu no deja de ser una empresa privada, como también lo era Calnu y lo son Funsa, El Galpón y tantas otras que recibieron o reciben asistencia de todos.

La asistencia del conjunto de la sociedad a una institución privada no necesariamente es mala. Siempre han existido subsidios y otros tipos de ayuda y, en algunos casos, hay buenos fundamentos para ello. El asunto es que, en este caso, la ayuda tenga buenos fundamentos y, además, pase el escrutinio de una discusión abierta en el Parlamento.

Si un subsidio no tiene buenos fundamentos, es decir, si los costos son superiores a los beneficios sociales, se podría correr el riesgo de estar ante un gasto regresivo, un gasto que alterna negativamente la distribución del ingreso. De estos hay muchísimos ejemplos, siendo el más conocido y demostrado el dinero destinado a la Universidad de la República. Si el subsidio al Casmu termina yendo a sueldos privilegiados, la regresividad será evidente.

Pero solucionar los pasivos del Casmu y de otras mutualistas no solucionará el problema de fondo, que no es otra cosa que un problema de mal gerenciamiento. Una de las razones –tal vez no la única- que ha contribuido a ese mal gerenciamiento es la forma jurídica exigida a las instituciones de asistencia médica (asociaciones civiles o cooperativas). Definitivamente estas formas jurídicas conspiran contra un buen manejo de los asuntos empresariales.

¿Por qué se exige a las instituciones de asistencia médica o a las instituciones educativas que no tengan fines de lucro? Tal vez se haya pensado en algún momento que el lucro llevaría a precios más altos para los consumidores. Es fácil demostrar que ello no necesariamente es así. Si se quiere un mayor control social o evitar que grandes grupos económicos acaparen la propiedad, hay formas de evitarlo, entre otras la cotización bursátil.

Es un tema a poner sobre el tapete de una buena vez.