30 de junio de 2008
El lunes 23 el gobierno socialista español abandonó el optimismo económico en el que persistía, pese al viento y la marea de datos en contra y, por primera vez admitió, “dificultades serias” con una economía “de crecimiento débil e inflación alta”.
Sin embargo, el gobierno parece tener una palabra tabú: crisis; habla de una fuerte “ralentización”, de un frenazo de la economía, pero no de crisis. Pero, según una encuesta a economistas realizada por Bloomberg News, la economía española se enfrenta en un 45% de probabilidades a una contracción durante dos trimestres seguidos antes de que acabe 2009. El mes pasado este riesgo se situaba en un 30%.
Para Jean Michel Six, economista jefe de Standard & Poor’s, España corre riesgo de entrar en “recesión” entre finales de 2008 y principios de 2009, debido a una peligrosa mezcla: el elevado nivel de endeudamiento de las familias y empresas españolas, la etapa de restricción del crédito en la que se han sumido las entidades financieras y el deterioro de un sector clave para la economía como el inmobiliario.
Durante la presentación del Informe Económico 2008, el presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció un conjunto de 21 medidas para hacer frente a la desaceleración económica y recuperar el crecimiento “vigoroso” de la economía.
Al hacer los anuncios, Zapatero recordó la crisis inmobiliaria que atraviesa España, los problemas financieros internacionales y el aumento de los precios del petróleo para justificar las nuevas y pesimistas previsiones de crecimiento “por debajo del 2%", cuando el cálculo oficial anterior era del 3,3% anual. También admitió que, en algunos frentes como el financiero, la situación afecta a España “más que a otros países europeos”.
La receta de España ante la posible crisis es un plan de austeridad, con el que busca ahorrar 250 millones de euros de forma de mantener el equilibrio fiscal. Entre otras medidas, el plan contempla una reducción de hasta el 70% en la oferta pública de empleo en 2009 con respecto a este año, lo que supondrá pasar de cerca de 35.900 a 10.770 nuevos cargos. A esta baja se suma el congelamiento de los sueldos de los funcionarios de más alto rango y la disminución del gasto corriente del Estado.
Lo de España es una señal más de que la dirección del viento está cambiando. Quizá en el hemisferio sur la veleta todavía no haya girado, pero hay una alta probabilidad de que tarde o temprano lo haga.
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