El derecho a la propiedad individual de bienes es un derecho humano básico y fundamental reconocido por un vasto espectro de tratados internacionales y por los artículos 7° y 32° de la Constitución de la República.
Cuando la mayor parte de los medios de producción está en manos de privados, el gobierno depende de éstos para su manutención. Este hecho tiene un impacto positivo sobre los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
El reconocimiento de derechos de propiedad a los particulares, la libertad de elección y la libertad de comercio alimentan y sostienen los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y, en definitiva, los hacen libres en todo el sentido de la palabra. También hay una correlación positiva entre derechos de propiedad y desarrollo económico.
Esta correlación está demostrada por la distinta evolución que sufrieron a lo largo de los últimos siglos dos países como Inglaterra y Rusia. Rusia, pese a tener una cultura común y compartir fronteras con el resto de Europa, siempre tuvo períodos de libertad y de vigencia del estado de derecho breves y precarios. Allí la propiedad privada, sobre todo en la agricultura, se impuso tardíamente.
Esta correlación ha sido demostrada por el economista peruano Hernando de Soto, que concluyó que la ausencia de derechos de propiedad claros inhibe el crédito y, como consecuencia, retarda el crecimiento.
La defensa de la propiedad privada viene a cuento por la aprobación el martes 23 de octubre de la llamada ley de repoblamiento de la campaña. Su artículo 15°, modificativo del artículo 35° de la Ley Nº 11.029, atenta contra este derecho tan fundamental en el mundo moderno.
Permite que en toda transacción mayor a 1.500 hectáreas Coneat 100, el Instituto Nacional de Colonización pueda comprar hasta un 20% del campo a un valor estimado no superior al valor real fijado al inmueble por la Dirección Nacional de Catastro.
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